LAS DROGAS Y LA ARGENTINA: ENTRE LO RAZONABLE Y LO REALISTA

LAS DROGAS Y LA ARGENTINA: ENTRE LO RAZONABLE Y LO REALISTA

Los abajo firmantes—que en mayo último presentamos el Documento “La Argentina y la Cuestión de las Drogas: Una Propuesta para Repensar el Debate Público”—queremos hacer un nuevo aporte al debate en torno a las drogas; tema que, por distintas razones y con diferentes propósitos ya está instalado en la Argentina.

No compartimos en absoluto la perspectiva de quienes prefieren negar la expansión del fenómeno y categóricamente no acompañamos las voces de quienes quieren conducir a la Nación a una fallida cruzada contra las drogas. Conceptualmente, sostenemos que el núcleo del problema se origina en su prohibición y que la evaluación de modelos regulatorios sería más aconsejable. Subyace a esto una convicción profunda: es ingenua y peligrosa la meta de alcanzar la total eliminación de las drogas. Por el contrario, la meta bien podría ser la contención de este asunto; es decir, reducir sus efectos sociales, políticos, institucionales y económicos más dañinos.

Así, por un lado, el objetivo de la prohibición es lograr la abstinencia frente a determinadas sustancias psicoactivas y así crear una sociedad libre de drogas. Ello implica, en consecuencia, suprimir el cultivo, la producción, el procesamiento, el tráfico, la distribución, la comercialización, la financiación, la venta y el consumo de un conjunto específico de sustancias psicoactivas declaradas ilegales. La “guerra contra las drogas” pone de manifiesto una campaña prohibicionista de corte militante que busca suprimir, preferentemente con fuertes medidas represivas, el fenómeno de las drogas en cada uno de sus componentes y fases.

Alternativamente, y por otro lado, ponderar el valor de esquemas de regulación implica pensar y actuar con un horizonte de largo plazo y una perspectiva heterodoxa abiertos a proponer y ensayar opciones innovadoras. En esa dirección, contemplar la regulación modulada resulta esencial: esto es, establecer un tipo de regulación específica por droga de acuerdo a los daños que cada una causa. Se trata de desagregar el universo de sustancias psicoactivas ilegales porque no todas las drogas son idénticas en su naturaleza y efecto y diseñar regímenes de regulación especiales. Además, se trata de identificar mecanismos regulatorios en toda la cadena productiva, desde la demanda hasta la oferta. Operar sólo en un eslabón sin operar en todas las fases crearía una situación disfuncional sólo aprovechable por la criminalidad organizada transnacional.

Advertimos, que el sendero pro “guerra contra las drogas” que algunos sectores quieren implantar definitivamente en el país ha sido, urbi et orbe, un fracaso; que se ha convertido en un estímulo para una violencia desbordada que afecta principalmente a los sectores más vulnerables de la sociedad; que le brinda una rentabilidad monumental a organizaciones criminales cada vez más transnacionalizadas y asertivas; que alimenta niveles de corrupción enormes y extendidos socavando el sistema policial, judicial, político, empresarial y estatal; y que alienta una sub-cultura de la ilegalidad que erosiona el Estado de derecho y hasta la misma democracia.

Y añadimos que de lo anterior se deriva una idea fundamental: una política pública virtuosa contra las drogas exige dotar a un Estado de mejores capacidades; capacidades que, a su turno, facilten una mirada estratégica, una acción centralizada, una coordinación eficaz y una rendición de cuentas transparente.

Ahora bien, en esta oportunidad queremos presentar algunas recomendaciones que, esperamos, aporten a una mayor y mejor deliberación sobre el tema.

Primero, creemos que la Argentina requiere un diagnóstico actual del asunto de los narcóticos en el plano interno así como la identificación del lugar del país en la compleja geopolítica global de las drogas. Nos parece conveniente dos tipos de iniciativas para mejorar y ahondar el conocimiento sobre el tema:

A.    Que se convoque a una Comisión Especial que, a partir de un enfoque multidisciplinario y plural, le brinde al país y a todos sus ciudadanos un Informe con una apreciación integral sobre el fenómeno de las drogas que sirva de guía para la eventual formulación de políticas públicas en la materia; máxime en el contexto de una futura campaña presidencial que exigirá que los candidatos se nutran de análisis rigurosos y sistemáticos antes que proclamar propuestas altisonantes y demagógicas.

B.    Que las universidades, los centros de investigación, las organizaciones no gubrenamentales, los think-tanks de los partidos políticos, y los institutos de estudio de las asociaciones empresariales, entre otros, desarrollen trabajos basados en la evidencia para así ofrecer al Estado y la sociedad materiales de comprensión y argumentación sobre el fenómeno de las drogas.

Segundo, consideramos que es importante avanzar en la discusión pública y política acerca de las ventajas de establecer una Agencia Federal de Investigaciones que, siguiendo modelos como el británico, refuercen la capacidad del Estado de desarrollar labores de inteligencia criminal y policía de investigaciones que posibiliten atender con mayor éxito los desafíos generados por la criminalidad. Al evaluar experiencias comparadas de políticas contra la delincuencia organizada resulta evidente que las más eficaces, en el marco de la democracia, son aquellas que procuran una mayor centralización, una mejor coordinación y más transparecia.  

Tercero, pensamos que sería valioso que el Poder Ejecutivo y el Legislativo se abocaran a examinar y revisar las leyes vigentes en materia de drogas, así como a proponer y debatir legislación que eleve la capacidad de acción estatal. Por ejemplo:

A.   Tanto la Ley de Tenencia y Tráfico de Estupefacientes de 1989 como la llamada Ley de Desfederalización de 2005 podrían ser objeto de una profunda evaluación y eventual reforma pues sus resultados efectivos han sido, según los estudios disponibles tanto oficiales como independientes, mediocres.

B.   Asimismo, el Estado requiere un sistema nacional de información y cuantificación moderno sobre los problemas de narco-violencia, droga-dependencia y narco-lavado. Dado que es pobre la estructura vigente de recolección y análisis de datos acerca de los distintos eslabones que hacen al fenómeno de las drogas sería prudente estudiar con qué instrumento y de qué modo se puede robustecer un componente básico de toda buena política pública: contar con evidencia actual y fiable.

Cuarto, parece adecuado, según lo que se conoce internacionalmente al respecto reorientar el esfuerzo presupuestario que hoy se destina a atender el tema de las drogas. De acuerdo a un estudio (“Algunos análisis económicos sobre las sustancias psicoactivas en la Argentina”) de 2011 del SEDRONAR el monto total que el Estado destina al tema de las drogas equivale al 1.2% del PIB. El 95% de lo que se denomina “Presupuesto de Drogas” se orienta a controlar la oferta y apenas 5% a reducir la demanda (4% a tratamiento y 1% a prevención). Estudios realizados hace años en Estados Unidos por la RAND Corporation (por ejemplo, el de C. Peter Rydell y Susan S. Everingham de 1995) y posteriores trabajos internacionales han demostrado que las medidas orientadas a disminuir la demanda son siete veces más efectivas que las destinadas a contrarrestar la oferta.

Quinto, sugerimos que la Argentina podría conectarse a una tendencia promisoria en materia de drogas. Mundialmente están avanzando las medidas locales, provinciales y nacionales tendientes a reducir los daños, tanto individuales como colectivos, provocados por la narco-violencia y el consumo de estupefacientes. La experiencia relevada y los estudios realizados, en especial en América Latina, han comprobado que, en la práctica, los actores mayoritariamente maltratados por la “guerra contra las drogas” son los sectores sociales más vulnerables. Reducir el daño apunta a proteger a los adolescentes, las comunidades más afectadas por la violencia generada por el emporio de las drogas y las familias menos atendidas. Ejemplos recientes en países vecinos como Brasil mediante iniciativas como la llamada “Brazos Abiertos” que buscan ofrecer alojamiento, alimentos y oportunidades laborales para consumidores de paco muestran resultados iniciales positivos.

Sexto, opinamos que es relevante que los medios de comunicación aporten a elevar la calidad de la deliberación pública en torno al fenómeno de las drogas: lo que no necesita hoy el país es un amarillismo adictivo que refuerce los temores y estereotipos que, más temprano que tarde terminan en campañas anti-drogas peligrosas e inútiles. En todos los casos regionales en los que los medios de comunicación se sumaron, ex profeso o inadvertidamente, a la lógica de la “guerra contra las drogas”, se reforzó la actitud oscilante de la opinión pública frente a las drogas que lleva a momentos de indignación e histeria seguidos de etapas de frustración y fatiga: ni lo uno ni lo otro aporta a una política de Estado en la materia.

  

En síntesis, la Argentina no puede seguir sonámbula ante la gradual pero asertiva expansión del narcotráfico. Si no se  atiende de manera razonable y realista el problema de las drogas a partir de un diagnóstico preciso y la aplicación de medidas certeras el país se tropezará con un reto mayúsculo. Las seis propuestas específicas aquí indicadas procuran, en esencia, evitar lo que tanto han padecido otros países. Y finalmente, hay que tener en cuenta siempre que el problema de las drogas es un síntoma de algo mucho más hondo y su eventual superación requiere afrontar las dificultades y retos estructurales que lo nutren y multiplican.

Agustín Colombo Sierra, Nicolás Comini, Enrique Del Percio, Rut Diamint, Alberto Fohrig, Ernesto López, Juan López Chorne, Pablo Martínez, Pepe Paradiso, Raúl Sánchez Antelo, Luis Tibiletti, María de la Paz Tibiletti, Juan Gabriel Tokatlian, José María Vázquez Ocampo.

LAS DROGAS Y PROCESO DE PAZ EN COLOMBIA

DECLARACIÓN

ACERCA DEL ACUERDO SOBRE EL TEMA DE LAS DROGAS ILÍCITAS EN EL MARCO DEL PROCESO DE PAZ ENTRE EL GOBIERNO DE COLOMBIA Y LAS FARC

Los abajo firmantes—que hace unos días presentamos el Documento “La Argentina y la Cuestión de las Drogas: Una Propuesta para Repensar el Debate Público”—queremos expresar nuestro respaldo al proceso de paz en Colombia y a su más reciente logro: el compromiso entre las partes para alcanzar una solución al problema de las drogas en ese país. En esencia, el acuerdo sellado compromete a las FARC a romper todo vínculo con el narcotráfico así como a aportar a la superación de dicho fenómeno, al tiempo que el gobierno asume el desafío de ejecutar una serie de políticas preventivas, a favor del desarrollo rural y contra la corrupción.

Colombia parece comprender y asumir, después de décadas de una fallida “guerra contra las drogas”, que la mejor alternativa frente a la cuestión de las drogas es recuperar la legitimidad de las instituciones, incrementar las capacidades estatales para combatir el delito, orientarse por la protección a los más vulnerables, concebir estrategias eficaces y no efectistas contra la criminalidad organizada y desplegar políticas públicas integrales centradas en el bienestar de las personas.

Ojalá que el avance que intenta dar el hermano país sudamericano nos estimule a los argentinos a elevar la calidad de la deliberación pública sobre el tema de las drogas y a eludir los cantos de sirena que nos quieren involucrar en una guerra irregular que día a día es más cuestionada en la región.

Agustín Colombo Sierra, Nicolás Comini, Enrique Del Percio, Rut Diamint, Alberto Fohrig, Ernesto López, Juan López Chorne, Pablo Martínez, José Paradiso, Raúl Sánchez Antelo, Luis Tibiletti, María de la Paz Tibiletti, Juan Gabriel Tokatlian, José Manuel Ugarte, José María Vásquez Ocampo

ADHESIONES: todo aquel que quiera adherir al espíritu del presente documento puede hacerlo indicándolo aquí y dejando los datos personales que desee. Gracias

Documento La Argentina y la cuestión de las drogas

LA ARGENTINA Y LA CUESTION DE LAS DROGAS:

UNA PROPUESTA PARA REPENSAR EL DEBATE PUBLICO

Autores: Agustín Colombo Sierra, Nicolás Comini, Enrique Del Percio, Rut Diamint, Alberto Fohrig, Ernesto López, Juan López Chorne, Pablo Martínez, Pepe Paradiso, Raúl Sánchez Antelo, Luis Tibiletti, María de la Paz Tibiletti, Juan Gabriel Tokatlian, José Manuel Ugarte, José María Vázquez Ocampo.

Martes 6 de Mayo de 2014

“Es cierto que la política se hace con la cabeza, pero en modo alguno
solamente con la cabeza. En esto tienen toda la razón quienes defienden
la ética de la convicción. Nadie puede, sin embargo prescribir si hay
que obrar conforme a la ética de la responsabilidad…Desde este punto
de vista la ética de la responsabilidad y la ética de la convicción no
son términos absolutamente opuestos, sino elementos complementarios
que han de concurrir para formar al hombre auténtico, al hombre
que puede tener “vocación política”…La política consiste en una dura y
prolongada penetración a través de tenaces resistencias, para la que se
requiere, al mismo tiempo, pasión y mesura. Es completamente cierto,
y así lo prueba la historia, que en este mundo no se consigue nunca lo
posible si no se intenta lo imposible una y otra vez”.
Max Weber, “La política como vocación”

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1. La narcoactividad como fenómeno complejo y multidimensional

La Argentina no puede ni debe asumir ante sí y el mundo la lógica fútil y fracasada de la “guerra contra las drogas”. Los argentinos no estamos en guerra entre nosotros y no deberíamos aceptar pelear la guerra de otros.

No es admisible ni conveniente reducir una problemática polifacética y compleja a una contienda bélica, por más que el cuadro que se enfrenta a este nivel y en este momento parezca acuciante. Hablar de guerra implica la administración de una fuerza armada aplicada de manera sistemática a alcanzar un resultado: vencer al enemigo mediante la aplicación de violencia militar. Desde luego, las narcoactividades y sus consecuencias tienen una dimensión peligrosamente violenta que no es del caso minimizar. Pero reducir el abordaje y el tratamiento del problema meramente a esto es simplificarlo y unilateralizarlo, lo que probablemente no conduce al éxito, como se ha demostrado ya, entre otros, en los casos de Colombia y México.

El problema del narcotráfico es multidimensional y oportunamente trataremos de ubicarlo en un marco mucho más amplio. Por ahora basta con mencionar que implica un amplio y variado universo de consumidores (que obviamente incluye a los adictos), que conduce directamente al plano de los comportamientos individuales. Pero también es acompañado por diversas problemáticas sociales: las economías de raigambre neoliberal han sido fuertemente excluyentes y han dado como resultado sociedades poco hospitalarias dañadas en su cohesión y solidaridad, lo que ha generado un caldo de cultivo “por abajo” altamente lesivo (el consumo de “paco”, por ejemplo, o la conversión en “soldaditos” o pequeños dealers de jóvenes y hasta niños de los sectores menos favorecidos). Pero también ha repartido “para arriba”: los estratos de buenos ingresos dentro de la sociedad suelen ser los más firmes sostenes de la demanda; en ellos también ha dejado (y deja) secuelas negativas.
Los planos político y económico también registran su nefasta influencia. La ganancia producida por la droga es deletérea: corrompe policías y funcionarios públicos y judiciales. Contamina el financiamiento de la política y siembra sospechas sobre el comportamiento de algunos políticos.

Hay también un entramado de intereses y de dinámicas financieras que a veces asombra por las formas que adquiere: es lavado de dinero, operaciones inmobiliarias extrañas, corrupción en las alturas para despejar vías, aduanas, controles, actuaciones judiciales, etc. El sistema financiero mundial, desarrolla sus actividades con opacidad, aprovechando los refugios off shore y los santuarios creados para ocultar la verdadera propiedad de empresas y activos. Para esto utiliza alambicadas ingenierías legales y contables que se valen del antedicho sistema, que termina siendo un canal decisivo para facilitar el desarrollo del narcotráfico en la etapa más delicada y expuesta, que es precisamente cuando las ganancias de esta actividad ilícita se convierten en patrimonios legalizados y libres de sospecha.

El negocio de la droga también tiene estrecha relación con el tráfico de armas que, en buena parte de América Latina (especialmente México, Centroamérica y una parte del Caribe) provienen del mercado estadounidense cuya regulación es muy laxa. Cabe mencionar, finalmente, que extiende sus tentáculos al futbol también por “abajo” y por “arriba”: toca a los “barras bravas” y asimismo a algunos directivos.

Las capacidades de los Estados para hacer frente al desafío de la criminalidad compleja internacional que conforma hoy al narcotráfico son limitadas. Han perdido funcionalidad –en parte, probablemente, como consecuencia de la aplicación de la tesis neoliberal que indicaba que achicar el Estado era agrandar la nación- y la estrategia de “guerra a las drogas” en curso los coloca en una situación de desventajosa asimetría. Debe decirse, además, que los recursos complementarios provenientes de la ayuda de los Estados Unidos no alcanzan a nivelar el desbalance.

Ocurre también que el narcotráfico es un fenómeno relativamente novedoso, elástico   propenso a la innovación, lo que añade dificultades. Como consecuencia de lo anterior el Estado se ha ido ausentado, por ejemplo, de determinados temas (bienestar colectivo), en algunas geografías (municipios y provincias) y en ciertos ámbitos (justicia y educación). En determinadas circunstancias y en algunas regiones el Estado ha sido capturado por actores cuya meta ha sido la supervivencia mediante la aceptación extendida y hasta la promoción de negocios ilícitos, pactos de corrupción y modos de ilegalidad. Asimismo, los intentos de reconstrucción de la base material y simbólica de un Estado más legítimo y potente han encontrado obstáculos significativos de fuerzas sociales, políticas y empresariales que incrementan su poderío individual por medio, entre otros, de un debilitamiento persistente del Estado.

Hasta aquí una sucinta descripción de algunos de los asuntos que constituyen la problemática de las narcoactividades como una cuestión compleja. Todo abordaje que la simplifique corre el riesgo de esterilizarse en el campo de la acción. Colocada esta premisa es necesario reconocer, sin embargo, que su abordaje in toto es más que dificultoso y que el examen de su diversas facetas deslindadas o de dimensiones que no han sido tenidas muy en cuenta hasta ahora puede ser muy productivo en términos de comprensión de los

problemas y de definición de nuevas líneas de acción.

2. Hacia otro enfoque

En ese contexto, se propone en esta oportunidad explorar un terreno poco transitado hasta el momento que podría agregarse a las dimensiones habitualmente consideradas y, eventualmente, servir de base para bosquejar un enfoque probablemente alternativo al dominante, que debe incluir de manera especial pero no exclusiva a la cohesión social, al desarrollo solidario con justicia social y al bienestar de la ciudadanía. Es asimismo el del cuidado de los segmentos sociales vulnerables y/o en situación de riesgo y el del desenvolvimiento de adecuadas políticas públicas en materia de educación, salud, empleo, juventud, derechos humanos, justicia, entre otras. El problema de las drogas es un síntoma de algo mucho más hondo y su eventual superación requiere afrontar las dificultades y retos estructurales que lo nutren y multiplican. Los rasgos básicos de este enfoque diferente guardan un perceptible parecido de familia con el concepto de “desarrollo centrado en las personas”. El Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) ha venido subrayando la importancia de concebir e implementar ese tipo de desarrollo. Esto implica

comprender y validar el desarrollo humano de tal manera que se incrementen las “opciones de las personas para que puedan llevar vidas valiosas”. En breve, “el bienestar y la calidad de vida de las personas” debieran ser el núcleo a partir del cual se pueda afirmar que una determinada política o conjunto de políticas resulta exitosa.

Lo hasta aquí dicho no significa que ciertas políticas no deban continuar como la persecución legal de la oferta, de las bandas, del lavado de dinero, etc. Pero sí que se reconozca que para obtener metas sostenibles de largo plazo debe colocarse también un fuerte acento en la ciudadanía, en su bienestar, en su cohesión y en su convivencia en el marco de sistemas genuinamente democráticos.

3. La “guerra contra las drogas”, un camino poco productivo

La estrategia “guerra a las drogas” con su marcado sesgo hacia la militarización y el “combate” ha dado resultados poco satisfactorios hasta la fecha, en toda la región latinoamericana y otras partes del globo. La destrucción de los grupos narcotraficantes y el desmantelamiento del negocio de las drogas se constituyeron en pilares claves de muchas políticas públicas latinoamericanas. El mayor énfasis en la persecución de las cabezas visibles del narcotráfico se implementó de modo decisivo en varios países. Ello se basó en el encarcelamiento y la muerte de los grandes barones, así como en la realización de juicios internos y el envío al exterior según solicitud de los gobiernos. Los múltiples efectos de esta política en términos de violencia y corrupción han sido detallados en la bibliografía especializada.

El intento de desarticular el narcotráfico por esta vía ha exacerbado fenómenos ya existentes como la conflictividad socio-política y la corrosión institucional, que se han ampliado y degradado. Asimismo, desde el punto de vista organizacional del negocio los resultados del desmantelamiento del narcotráfico han sido mediocres. La confluencia de factores tales como el incremento de los contactos criminales transnacionales; el alto nivel de consumo de sustancias psicoactivas en Estados Unidos (con niveles estables de uso),

Europa (el mercado que más ha crecido) y Sudamérica (hoy tercer consumidor del mundo); el deterioro social y la debilidad estatal han llevado a que, por ejemplo, Centroamérica y el Caribe sean territorio fértil para la expansión del narcotráfico. Adicionalmente, la militarización del combate contra las drogas se convirtió, salvo contadas excepciones (por ejemplo, Argentina, Chile y Uruguay), en una política habitual en Latinoamérica.

Sin embargo, los resultados de dicha militarización fueron desafortunados en el terreno institucional, así como improductivos en la perspectiva del combate contra los narcóticos. El efecto de la participación militar en las acciones anti-drogas incidió negativamente sobre las relaciones cívico-militares; el estado de los derechos humanos; y los grados de corrupción. El papel directo y prominente de las fuerzas armadas en tareas de erradicación, interdicción, persecución y desmantelamiento no significó un avance promisorio en la dirección de eliminar el fenómeno de las drogas. Cada cierto tiempo, según el país de turno y en determinadas coyunturas se anuncian triunfos trascendentales gracias al despliegue represivo militar: al cabo de algunos años, comparando las situaciones históricas y las existentes y ante la multiplicación de frentes de combate anti-narcóticos se aprecia que apenas se trataba de triunfos pírricos. En ese proceso, y en varios países, las fuerzas armadas como corporación, se han vuelto adictas a la “guerra contra las drogas”: se nutren de recursos internos y externos; ganan influencia doméstica; y reciben el consentimiento de Estados Unidos.

Finalmente, la extradición de nacionales ha sido un componente central de la política pública anti-narcóticos en varios países y en distintos momentos. Con esta práctica se esperaba que los sistemas judiciales debilitados, entre otros, por el auge del narcotráfico tuvieran una menor carga y pudieran fortalecerse; que la colaboración jurídica redundara en la posibilidad de ganar en efectividad respecto a la desarticulación del fenómeno de las drogas; que los aparatos de justicia pudieran abocarse a dar respuesta a delitos más graves; y que la amenaza y el uso de este instrumento sirviera como disuasivo para que ingresaran menos personas al negocio. Ahora bien, la aplicación de la extradición tuvo resultados ambiguos. Sin duda, los países que la implementan activamente han mejorado de modo sustancial sus vínculos con Estados Unidos. No obstante, los efectos específicos en la lucha contra las drogas han sido insustanciales: los narcotraficantes no se han disuadido (siempre hay alguien que reemplaza al extraditado, al encarcelado o al eliminado); la justicia no ha incrementado su eficacia (salvo simbólicamente); y el impacto sobre el desmantelamiento del negocio (en espacial de sus manifestaciones más violentas) ha sido insignificante. En breve, una serie de políticas anti-drogas esencialmente punitivas y en los que la dimensión del desarrollo ha sido ignorada o ensombrecida ha mostrado, una y otra vez, los límites del actual modelo para desterrar el fenómeno de las drogas.

El desarrollo de este modelo ha tenido no pocas consecuencias negativas en el plano social. Una de ellas, tal vez paradigmática, ha sido el intento de erradicación de cultivos. Los avances derivados de la destrucción de cultivos han sido, comúnmente, negativos, nocivos y paradójicos. Han sido negativos porque no se ha afectado el poder de los traficantes ni se han mejorado las condiciones sociales, económicas y ambientales en las áreas en que se aplica. Han sido nocivos porque han creado un ciclo vicioso: una conjunción de factores—apertura de bosques para establecer cultivos ilícitos; exigencia de erradicación forzada de plantaciones; uso de técnicas de aspersión área y/o manual con químicos; deterioro del medio ambiente por acción de los barones de las drogas y por las respuestas estatales poco sensibles a las condiciones ambientales; desarticulación de la economía campesina de sustentación; persecución violenta de pobres rurales (campesinos e indígenas); ausencia de cultivos alternativos realizables en el mercado de manera segura y perdurable; presencia esporádica y usualmente represiva del Estado; traslado de plantíos ilícitos a otras zonas; y reinicio del proceso—ha culminado en una situación perversa en la que se refuerzan los incentivos para continuar con las plantaciones ilícitas. Y han sido paradójicos porque en algunos casos han llevado a una mayor movilización y al fortalecimiento político y social de grupos internos tradicionalmente menos recursivos y poderosos y en otras ha facilitado el crecimiento de grupos armados.

La cuestión del crimen organizado ha pasado a ocupar un lugar más destacado en la agenda mundial, latinoamericana y nacional. Si el “efecto globo” caracteriza el movimiento y adaptación territorial de cultivos ilícitos en diversos países, en materia de crimen organizado ya se puede hablar de un globo dirigible mayor: una suerte de “efecto zeppelín” que expresa la expansión,  flexibilidad y readecuación del crimen organizado a lo largo y ancho del

continente. 

Argentina no es ajena a ese fenómeno. Ahora bien, no se trata de “sobre-securitizar” este asunto. El ascenso del crimen organizado se vincula más con la vulnerabilidad externa y la institucionalidad interna; esto es, se trata esencialmente de un problema de gobernabilidad. El avance del crimen organizado socava la democracia, debilita el Estado de derecho, facilita la corrupción, aumenta la injusticia social, produce costos directos e indirectos sobre la economía, exacerba una subcultura que premia la ilegalidad, degrada el sistema político, afecta la soberanía nacional y reduce la autonomía estatal en el frente internacional. Una vía de evitar un costo colectivo superior e impredecible que se derivará de “sobre-securitizar” este reto es abocarse a uno de los negocios—el de las drogas ilícitas—del crimen organizado a partir del principio del desarrollo centrado en las personas.

En cuanto a la Argentina, es posible decir que corre hoy un riesgo: la tentación de creer que incrementando la criminalización de todas las facetas del negocioe incorporando las fuerzas armadas en labores anti-narcóticos se avanzará en la resolución de las dificultades que produce el fenómeno de las drogas. Ambas tácticas, de llevarse a cabo, solo serán el preludio de un fracaso anunciado. Adjuntar al tema de las drogas la preocupación por un desarrollo solidario, incluyente, con justicia social, centrado en las personas—es una opción más realista para ir solucionando, gradualmente, el reto de los narcóticos.

4. Principales víctimas del fenómeno global de las drogas

Resulta significativo distinguir quiénes constituyen las principales víctimas del fenómeno global de las drogas. En la “guerra contra las drogas” ha habido y hay perdedores y ganadores. En general, los más directamente afectados con las prácticas coercitivas y persecutorias son los campesinos y trabajadores temporales vinculados al cultivo de plantíos y el levantamiento de las cosechas; los pueblos originarios y pobres rurales que deben sufrir los efectos de políticas de erradicación forzada (y ocasionalmente química) de plantaciones y las tareas de interdicción; las “mulas” cargadas con drogas para ser trasladados a los polos de demanda; los habitantes de barrios humildes que son el escenario de pugnas territoriales violentas en la que participan traficantes adiestrados, cuerpos de seguridad corruptos, políticos deshonestos y organizaciones criminales; los sectores populares estigmatizados por habitar en “ollas” de expendio de drogas; los grupos más débiles que carecen de capacidad de presión política para impedir ser víctimas y victimarios de luchas intra-mafias; los consumidores ocasionales que son perseguidos como si fueran terroristas en potencia; las familias perjudicadas por la imposibilidad de que un miembro que consume abusivamente drogas pueda recibir algún tipo de asistencia médica; y tantos otros que constituyen el eslabón débil de una extensa cadena que culmina en un negocio enormemente lucrativo para unos pocos. Los grupos humanos vulnerables que son severamente hostigados y penados terminan muertos, en las cárceles, sin acceso a la salud y carentes de oportunidades alternativas de una vida digna.

En general, los que obtienen beneficios jugosos de un emporio ilegal gozan de sus lujos e inversiones intocadas a pesar de la parafernalia de normas y restricciones de diverso tipo; de su fama social entre clases pudientes que suelen darle la bienvenida a los “nuevos ricos”; de su inserción económica y política en los intersticios entre la ilegalidad y la legitimidad y ante un Estado parcialmente inmovilizado por la colusión de intereses entre algunos funcionarios y las organizaciones criminales; de su poder de cooptación y corrupción nacional e internacional; y de las garantías de defensa personal que se proveen a través del mercado desregulado de armas ligeras y el avance de los compañías privadas de seguridad. Este modelo dual, en el que las consideraciones sobre el desarrollo son notablemente secundarias, ha servido para ampliar las brechas sociales, las inequidades económicas, las diferencias políticas y las asimetrías internacionales.

5. Un contexto novedoso

Existen dos asuntos novedosos que permiten ser optimistas respecto a la validación conceptual y política del vínculo entre desarrollo centrado en las personas y las drogas ilícitas.

Por un lado, la crisis financiera y económica global se ha reflejado en una revalorización política del Estado y de su rol regulador: es cada vez más admisible tener un Estado que supervise más e intervenga mejor en un mercado que produce consecuencias devastadoras cuando opera sin control alguno. El reconocimiento del papel central del Estado y de su capacidad de intervención para controlar, moderar y garantizar un orden básico es revelador: no parece haber espacio para más desregulación. Por el contrario, se imponen más y mejores regulaciones en distintos ámbitos de la economía junto a un fortalecimiento institucional de los gobiernos. Uno de esos ámbitos es el de una mejor fiscalización de la banca offshore y los paraísos fiscales internacionales, así como una mayor transparencia en materia de secreto bancario y más control sobre la fuga de capitales.

Por otro lado, la situación global y continental en materia de drogas—ya sea su empeoramiento de acuerdo a algunos indicadores o, al menos, de falta de avances promisorios según los análisis menos pesimistas—ha venido alentando la necesidad de una nueva reflexión y una mejor práctica en este frente. El reciente ejemplo de Uruguay y la legalización del cannabis a través de una ley aprobada por el legislativo, así como el hecho de que los estados de Colorado y Washington en EE.UU. hayan decidido, por voto popular, la legalización de la marihuana, son ejemplos emblemáticos de nuevos intentos de regular el mercado de las sustancias psicoactivas ilícitas.

Así, una particular combinación de urgencia, oportunidad y necesidad parece sugerir la relevancia de generar una amplia coalición de actores estatales y no estatales abiertos a explorar miradas y medidas alternativas, siempre sometidas a evaluación. Se trata, en resumen, de estimular una experimentación exigente; una experimentación que sea analizada con rigor y resulte más benéfica que la inmutable estrategia actual. Ello conduce a una política de regulación modulada. Esto implica diseñar y ejecutar un tipo de regulación específica por droga de acuerdo a los daños que cada sustancia psicoactiva ilegal causa. En consecuencia, se busca desagregar el universo de las drogas ilícitas existente pues no todas son idénticas en su naturaleza y efecto. Por lo tanto, se requiere el establecimiento de distintos regímenes de regulación.

6. En resumen

Todo lo anterior remite a contemplar lo siguiente:

I. Cada vez resulta más insostenible el desbalance implícito en la presente estrategia anti-drogas. Más recursos para combatir la oferta; mayores presupuestos para las agencias federales y sub-nacionales encargadas del componente punitivo de aquella; poca integralidad en las políticas desplegadas; escasa coordinación inter-institucional; y baja cooperación inter-estatal solo van a provocar más frustración y fatiga ante el fenómeno de las drogas. Se requiere, con urgencia, fondos para reducir la demanda; más inversión en los ministerios y oficinas orientados a la prevención; una política comprensiva en la materia; mejor gestión coordinada en el plano burocrático; y nuevas modalidades de colaboración con los países de la región. El dilema acá es perpetuar o innovar; algo que en esencia comprobará ante la sociedad la voluntad de resistir o facilitar el cambio en relación a las drogas.

II. Es necesario asumir que algunas buenas prácticas concretas y corroboradas en el frente contra los narcóticos pueden ser complementadas por una serie de políticas que, a primera vista, no son específicamente dirigidas a la problemática del narcotráfico. En ese sentido, la mejor política anti-drogas es tanto una sensible política contra las drogas como una buena política pública en materia de educación, salud, empleo, juventud, derechos humanos, justicia, entre otras. El problema de las drogas es un síntoma de algo mucho más hondo y su eventual superación requiere afrontar las dificultades y retos estructurales que, como se ha mencionado ya más arriba, lo nutren y multiplican. En consecuencia, parecería conveniente reconocer la relevancia de sostener políticas fundadas sobre el desarrollo humano combinadas con políticas puntuales orientadas hacia la persecución penal del narcotráfico.

III. Las respuestas simples a cuestiones intrincadas como la de las drogas ha reforzado el despliegue de políticas de fuerza que, aunque en ocasiones logran determinados resultados simbólicos en el corto plazo, no resultan sostenibles en el largo plazo. Tanto el Estado como la sociedad pueden creer que habrá algún día una “bala mágica” que resuelva el fenómeno de las drogas. Sin embargo, ello no es realista. La alternativa—la búsqueda de respuestas difíciles a asuntos complejos—no es particularmente encantadora, pero es imprescindible si se aspira a contener, y eventualmente revertir, las manifestaciones más deletéreas de dicho fenómeno. El liderazgo político tiene ante sí una exigente opción: especular y actuar con un calendario electoral a mano a la hora de diseñar políticas anti-drogas o pensar y proceder con una mirada estratégica.

IV. La falta de estatalidad, el cuestionamiento de las instituciones y la volatilidad de la opinión pública constituyen un dato recurrente de la realidad nacional. En este contexto, el fenómeno de las drogas genera un gran dilema: su mal manejo puede ahondar más la debilidad estatal y el desgaste institucional, mientras su buen manejo no necesariamente produce réditos inmediatos. En este caso, ese dilema también es elocuente: o se mantienen

políticas anti-drogas de baja efectividad (lo cual tiene efectos sobre la estatalidad y la institucionalidad aunque inicialmente no sean tan costosos) o se implementan políticas que aspiren a mayores niveles de efectividad (con el potencial beneficio de fortalecer el Estado y las instituciones). Preparar a la ciudadanía para que comprenda y respalde políticas de mediano y largo plazo en el frente de las drogas es esencial. Se necesita explicitar que el “tiempo” es un factor clave para ir resolviendo, gradual y efectivamente, el desafío de las drogas.

V. Pareciera asomar un nuevo imaginario sobre el fenómeno de las drogas que tiene como razón de ser un malestar extendido acerca de las formas que se han utilizado para su superación. Esto ha alentado más voces y manifestaciones grupales heterodoxas que propician un debate novedoso, realista y ponderado sobre el tema en cuestión. Como consecuencia de ello es posible observar una mejor calidad del debate ciudadano alrededor de las drogas. Los estados parecen rezagados frente a esos avances. En el continente, sin embargo, se han dado quizás las controversias internacionales más interesantes de los últimos tiempos favorables a ensayar alternativas menos convencionales en torno a las drogas. Resta ver si la voluntad política de los gobernantes del área desalienta o facilita una discusión aún más profunda y propositiva. Ese es, finalmente, otro gran dilema que enfrenta hoy la Argentina: sumarse a una indispensable deliberación sobre el tema de las drogas o ensimismarse y repetir las políticas erradas que ya se han dado en el área y extra-regionalmente.

En síntesis: incorporar el tema del desarrollo centrado en las personas a la cuestión de las drogas puede abrir un espacio amplio para reflexionar, debatir y consensuar nuevas iniciativas, tanto ciudadanas como estatales, en torno a los narcóticos. Concebir medidas que apunten a la reducción de daños para los individuos, las familias, los barrios y las comunidades; a la capacidad social y estatal de afrontar y superar coyunturas críticas en materia de drogas; a la regulación modulada de los narcóticos ilegales de acuerdo a la naturaleza específica de cada droga; y la apertura a nuevas exploraciones conceptuales y prácticas para elevar la calidad de vida de los ciudadanos y los países hoy tan afectados por el avance del crimen organizado, son algunos de los potenciales aportes que se podrían producir si el acento de la cuestión de las drogas se traslada de la sustancia a las personas, de la seguridad al desarrollo y de la quimera abstencionista a la realidad humana.

Contacto: cuestiondrogas.arg@gmail.com